La situación de la vivienda en Catalunya -y en el conjunto de España- es uno de los pocos temas sociales en que no se produce disonancia entre la atención política y la preocupación ciudadana, y desde hace años figura entre los problemas más importantes (según los barómetros del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya (CEO) y del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a un nivel similar de preocupación que el desempleo, la inestabilidad laboral, la situación económica, la inseguridad o el terrorismo.

Hay que agregar, además, las innegables consecuencias que ha sufrido el sector en la crisis actual, con una caída en la construcción que ha pasado de las 664.923 construcciones iniciadas a lo largo del año 2006 en las 237.959 del año 2008 para el conjunto de España, y unas previsiones para el 2009 que se sitúan por debajo de las cien mil construcciones.

Si a este contexto coyuntural añadimos algunas particularidades con respecto a la mayoría de los países europeos, como son la escasa presencia de la vivienda de alquiler (11,4% del total) con respecto al de compra, situándose veinticinco puntos por debajo de la media europea (36,1%); que más de una tercera parte de las viviendas en España no esté destinadas a residencias principales; o que, a pesar de los esfuerzos en algunas políticas públicas, la proporción de viviendas protegidas sea todavía menor ahora de lo que hace diez años -en Catalunya, en el 2001 las viviendas protegidas comprendían el 8,5% del total, y en el 2008 tan sólo el 7, 6%-, no cuesta mucho darse cuenta de la importancia de incidir en este sector con responsabilidad y conciencia, para facilitar el acceso a la vivienda y ayudar en qué se adecue de manera óptima a las necesidades cambiantes de sus ocupantes.

Concretamente, en el caso catalán, las intervenciones de los últimos años son variadas y denotan un interés palpable al convertir la vivienda en uno de los puntos de mira de la acción política, tanto a nivel autonómico -con la Ley 18/2007 del derecho en la vivienda o el Pacto Nacional para la Vivienda 2007-2016- como nivel local -con el desarrollo de los Planes Locales de Vivienda o la progresiva implantación en muchos municipios de las Oficinas Locales de Vivienda. Igualmente, el incremento de las ayudas para el alquiler en jóvenes y otros grupos de riesgo, o la extensión de bolsas de mediación y redes de inserción relacionadas con la vivienda, refuerza la idea de que hace falta considerar de manera prioritaria este sector en nuestros ámbitos de trabajo.

Nuestro trabajo como sociólogos, politólogos, u otros profesionales vinculados con las ciencias sociales, requiere una mirada atenta y un espíritu crítico. Trabajar en la exploración de las necesidades de la población en materia de vivienda, saber cómo quiere vivir la gente, qué preferencias pasan por encima de otros en temas tan diversos como tener dos lavabos en vez de uno, disponer de cocina separada o integrada en la sala, o disfrutar de una terraza o de una plaza de aparcamiento, pueden tener tanta o más importancia para la calidad de vida diaria que otros aspectos de cariz laboral o económico. Asimismo, trabajar desde una vertiente prospectiva la falta de vivienda de una población o la urbanización de un territorio, previendo las infraestructuras que serán necesarias en el futuro, también proporciona una mejora evidente del conocimiento de las sociedades en que vivimos.

De esta manera, las administraciones públicas y otras entidades involucradas (ONGs, empresas constructoras o financieras) pueden disponer de diagnósticos previos en materia de planeamiento, análisis de necesidades o evolución de los indicadores clave -que desde DEP Instituto desarrollo con años de experiencia y con la satisfacción de un trabajo riguroso y de utilidad social- que les permitan incidir con éxito en el entorno, con un objetivo final de beneficio conjunto.

Pere Casamayor
Responsable de proyectos DEP