La vivienda es una de las políticas públicas centrales de los gobiernos en Europa y, por lo tanto, en nuestro país. Se han acabado las voces que consideraban el alojamiento como un marco estrictamente privado donde la administración no tenía que intervenir. El crecimiento de los precios, primero, las dificultades de emancipación y de cambio de vivienda después, y finalmente, las dificultades para hacer frente a la hipoteca o al alquiler han marcado las grandes tendencias sociales de la vivienda en la última década.

DEP trabaja en el campo de la vivienda desde la perspectiva del análisis de las necesidades sociales y el apoyo estratégico en la priorización de las medidas, poniendo al ciudadano en el centro de las preocupaciones.

Esta perspectiva sociológica -el ciudadano y los hogares en el centro de interés- evidencia algunas disfunciones de la situación actual que quiero recalcar.

En primer lugar, el problema de la vivienda no es de demanda. En concreto, en el caso de Catalunya, el año 2008 donde estalló la crisis, se necesitaban 174.500 viviendas. 147.500 viviendas de rotación respecto del alojamiento anterior -sea por motivos laborales o de estudios, o con la intención de mejorar- y 29.000 por construcción de un nuevo hogar, es decir, por emancipación.

El problema es financiero y de precio. Un sistema económico y político que acepta que un 20% paguen más de un 30% de los ingresos de las familias en concepto de hipoteca o alquiler no podía resistir, en la corta o a la larga.

Otro ejemplo de la problemática de la vivienda es la del mal alojamiento. En el conjunto de Catalunya la mayoría de la población vive adecuadamente, en domicilios, mayoritariamente, de propiedad (84,6%). No obstante DEP ha detectado 36.808 casos de mal alojamiento. Considerando que pueda haber 2.608.004 hogares en el total de Catalunya, l'1,4% de los hogares sufre algún tipo de deficiencia en el alojamiento. Los afectados tienen perfiles sociales próximos a la exclusión, pero cada vez más con gente que puede llevar una vida autónoma pero con incapacidad para hacer frente -actualmente- al gasto de la vivienda por culpa del desempleo o la precariedad laboral.

Hace falta una oferta pública de viviendas que permita gestionar esta problemática, complementada con otras medidas sociales y laborales. Como hay, también, oportunidades en la generación de una oferta atractiva para jóvenes trabajadores que inician su etapa laboral y están dispuestos a vivir una época de su vida en residencias como ya se ha hecho en otros países.

Estos datos e ideas y muchas otras se conocen en Catalunya, desde hace una década, gracias a la perseverancia del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya, que, desde el año 2000, y de forma bienal, se preocupa por obtener y actualizar con el apoyo de DEP. Este año 2010 será un nuevo año de investigación.

Al mismo tiempo, desde DEP estamos intentando aplicar esta metodología en otros territorios del estado -municipios y comunidades autónomas- o con otros colectivos sociales -jóvenes, inmigración, temporeros- que tienen relación con la vivienda.

Estamos a vuestra disposición.

Enric Renau
Presidente ejecutivo DEP