Ante la grave situación de crisis financiera y económica en la que nos encontramos inmersos y la vocación por convertir Europa en una sociedad y una economía del conocimiento, la apuesta para elevar el nivel educativo del Estado parece ser uno de los pocos puntos de consenso entre los responsables políticos, los representantes de los trabajadores y de los empresarios y los expertos.

Actualmente, el 42,4% de la población entre 25 y 64 años sólo tiene estudios primarios o el primer ciclo de la ESO. Es una grave desventaja competitiva respecto otros territorios y una evidencia del lastre que el franquismo dejó.

El abandono escolar prematuro en España es del 31%, mientras que en la Unión Europea (UE) es del 15,2%.




El sistema universitario tampoco está a salvo, según los últimos datos ofrecidos (2004-2005), por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), un 42% de los universitarios no ha finalizado sus estudios.

Parece obvio llegar a la conclusión que hace falta redoblar los esfuerzos por combatir este abandono de las aulas. Tanto en términos de equidad (se marchan los más débiles en términos económicos y socio-culturales) como de eficiencia (dados los recursos económicos que se emplean en educación y universidades).

Un buen ejemplo del combate contra el fracaso escolar es el Programa de Acompañamiento de Comunidades Educativas, denominado ACCES, impulsado por el Área de Inclusión Social de la Obra Social de Caixa Catalunya y con el aval del Departamento de Educación y el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, en el que DEP Instituto es el responsable de la evaluación del programa, a partir de la creación de un sistema de indicadores y monitorización.